• Titular del Poder Ejecutivo presentará la propuesta al Congreso y éste tendrá cinco días para votar; de no aprobarse, el Ejecutivo mandará una segunda propuesta para votación.
• Si la segunda propuesta no fuere aprobada por el Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad para designar de entre las dos propuestas previas.
• La o el titular de la FGE durará en el cargo 4 años, con posibilidad de que el Ejecutivo le ratifique para un segundo periodo de igual duración.

Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2025.- Con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de Veracruz relativas al procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la duración del periodo en el cargo.

Este dictamen, presentado durante la Decimasegunda Sesión Ordinaria por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, es resultado del análisis conjunto de las iniciativas presentadas el 27 de noviembre de 2024, por el diputado Diego Castañeda Aburto, y el 19 de junio de 2025, por la legisladora Elizabeth Morales García y el legislador Ramón Díaz Ávila.

De acuerdo con el dictamen, con esta reforma se redefiniría y fortalecería la inserción de la FGE en la arquitectura del poder público para optimizar su funcionamiento, garantizando su eficacia y asegurando su rendición de cuentas.

Se transitaría de un modelo de designación que, en la práctica, ha demostrado ser susceptible de generar parálisis institucional y vacíos de responsabilidad, hacia una nueva visión que privilegiará la colaboración armónica entre los poderes, la celeridad en las decisiones críticas y una clara e inequívoca línea de responsabilidad política.

El proyecto considera necesario establecer la obligatoriedad de que la propuesta para ocupar la titularidad del organismo autónomo sea sometida a la aprobación de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes el día de la elección.

De esta manera, se establecería en la Constitución que la o el titular de la FGE dure en el cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado o ratificada por la o el titular del Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo del conocimiento del Congreso para la protesta de ley.

El nombramiento de Fiscal General se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.

El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley.

En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes.

De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la FGE de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular.

La persona titular de la FGE podrá ser removida por quien encabece el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de cinco días hábiles, en cuyo caso, el o la titular de la FGE será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronunciare al respecto, se entenderá que no existe objeción.

Al tratarse de reformas a la Constitución y en apego a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Carta Magna, tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir el decreto a los municipios del estado, para su valoración.

El debate

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez adelantó el voto a favor del dictamen, ya que, afirmó, Veracruz merece un sistema de procuración de justicia justo, digno e imparcial y que entregue resultados en corto tiempo. Externó que la colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo refrenda la visión compartida de una cultura de paz impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García.

Aseveró que este nuevo modelo recompensa el resultado de quien esté al frente de la FGE y se pronunció por contar con un servidor público que se deba al pueblo y que entienda el dolor de la gente, que no revictimice y que dé atención a todos los veracruzanos.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, indicó que este dictamen fortalece a Veracruz, a la procuración de justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Añadió que se elimina la posibilidad de un vacío constitucional, se reducen los tiempos inoperantes y se da certeza al proceso y atribuciones a quien por mandato popular es quien asume la atención básica en materia de seguridad, al Poder Ejecutivo quien trabajará en coordinación con el Legislativo.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que la reforma representa un grave retroceso en la autonomía del organismo autónomo, se pronunció en contra de que una sola persona tenga la atribución para elegir a la titularidad de la Fiscalía y agregó que no hay garantías para quienes buscan justicia.

En nombre del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), la diputada Montserrat Ortega Ruiz expresó que el dictamen modifica de manera sustantiva el equilibrio institucional y que la propuesta se opone a los principios rectores de la función de procuración de justicia al perder independencia, lo cual, añadió, impacta de manera directa en la confianza ciudadana en el combate a la impunidad y en la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos.

Por el Partido del Trabajo (PT), el legislador Ramón Díaz Ávila se pronunció a favor del Dictamen, al considerar que el modelo propuesto presenta una evolución en la procuración de justicia y deja atrás un modelo estático y obligatorio transexenal por un período más corto, abona a la eficiencia en el trabajo y está más alineado con los cambios y demandas sociales, asegurando que las políticas y estrategias institucionales estén en sintonía con las necesidades actuales de la ciudadanía.

A su vez, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), manifestó que, tras un análisis jurídico serio de la propuesta, es concluyente que el modelo propuesto no solo es Constitucionalmente viable, sino que representa un avance necesario en la organización de la Procuración de Justicia en Veracruz. Destacó la modificación del periodo de ejercicio del cargo, que “permitirá mayor estabilidad y mejor evaluación del desempeño”. Adelantó el voto a favor de la reforma que, dijo, abre paso a un esquema más directo, basado en propuestas y diálogo constructivo.

En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina y Elizabeth Morales García y el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.

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