• El nuevo ordenamiento armoniza la normativa estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Veracruz transita hacia un esquema de seguridad ciudadana con capacidades de inteligencia operativa e investigación.
Xalapa, Ver., 15 de diciembre de 2025.- La LXVII Legislatura aprobó la creación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García. En la Decimoséptima Sesión Ordinaria, el Pleno otorgó 47 votos al dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad Pública.
El proyecto aprobado tiene por objeto regular la coordinación y cooperación del Gobierno del Estado y los municipios y de ambos con la Federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como establecer el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General.
En el dictamen, la Comisión considera que la abrogación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicada en la Gaceta Oficial el 1 de marzo de 2021, se justifica al haberse agotado su vigencia, y valora la necesidad de que el estado de Veracruz abandone el modelo policial puramente preventivo y reactivo para transitar hacia un esquema de seguridad ciudadana con capacidades de inteligencia e investigación criminal.
En la nueva Ley destaca la facultad de investigación otorgada a las instituciones de seguridad pública, disponiendo que la Policía Estatal y las policías municipales actúen bajo la conducción y mando del Ministerio Público en las tareas de investigación.
Además, institucionaliza el ciclo de inteligencia como un proceso obligatorio y técnico para la toma de decisiones estratégicas, facultando a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar análisis de contexto, mapeo delictivo y generación de productos de inteligencia operativa.
Acentúa la incorporación transversal de la Justicia Cívica como una innovación fundamental para la construcción de la paz social, toda vez que transforma el sistema de sanciones administrativas en una política pública de prevención del delito.
El ordenamiento aprobado fortalece los Consejos Municipales de Seguridad Pública, garantiza el respeto irrestricto a los derechos humanos mediante la armonización con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y plantea que la profesionalización de los cuerpos de seguridad se convierta en una norma de orden público a través del fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial.
También prevé el robustecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza como un organismo con autonomía técnica, encargado de aplicar los procesos de certificación a todo el personal de las instituciones de seguridad pública
Enfatiza la atención a las víctimas del delito y la violencia de género, disponiendo la creación obligatoria de unidades policiales especializadas en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, dota al Estado de herramientas modernas para combatir las estructuras económicas de la delincuencia mediante facultades de investigación patrimonial y financiera, mandata la creación y operación del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública, asegura la transparencia y la legalidad en los actos de molestia a través del Registro Estatal de Detenciones y establece los requisitos rigurosos para la autorización, revalidación y operación de las empresas de seguridad privada.
El Estado facultará al Centro Estatal de Prevención para diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia criminológica y serán sentadas las bases para la dignificación laboral de los integrantes de las instituciones de seguridad pública mediante la instauración de un Régimen Complementario de Seguridad Social.
La nueva Ley fomenta la Coordinación Regional y Metropolitana, estableciendo las bases jurídicas para que el Estado y los Municipios celebren convenios de asociación que permitan la creación de policías intermunicipales o metropolitanas.
Los posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano manifestó que esta reforma es el instrumento legal que permite a los ayuntamientos cumplir las metas de gobernanza y protección ciudadana, busca consolidar la seguridad mediante la combinación indispensable de la acreditación vigente y la experiencia acreditada, por lo que “aprobarlo constituye un gran acto de responsabilidad legislativa y una muestra de confianza en la capacidad de los municipios de desempeñar su rol en la seguridad con el máximo nivel de profesionalismo”.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, ponderó que “en esta reforma se instaura una seguridad pública que tiene tres características: científica, inteligente y social” y afirmó que la seguridad pública “no se logra solo con más patrullas, sino con más inteligencia; no con más fuerza bruta, sino con mejor coordinación; no con improvisación, sino con carrera policial, responsable, respetable y certificada”.
El diputado Ramón Díaz Ávila adelantó el voto del Partido del Trabajo (PT) a favor del proyecto de la gobernadora Rocío Nahle García, pues, “responde con responsabilidad a uno de los principales planteamientos ciudadanos”, por lo que “respaldamos la estrategia del combate frontal en contra de un complejo fenómeno delictivo, cuya aplicación será a favor de las familias veracruzanas”.
En el mismo sentido, el legislador Fernando Yunes Márquez, dijo que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) avala el dictamen porque se trata de “una adecuación muy necesaria” que va a ayudar en gran medida a transitar de un esquema preventivo reactivo a un esquema policiaco de inteligencia, investigación y coordinación institucional y que “en materia de seguridad lo que se tiene que hacer es proponer y sumar”.
El diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), se pronunció por instituciones que generen confianza en la población, acciones efectivas de las Mesas de Seguridad y Construcción de la Paz, certificación policial y participación social y atención a las denuncias.
