Ana Lilia Velázquez
XALAPA, VER + La organización Equifonía informó que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de embarazo infantil, siendo el puerto de Veracruz y San Andrés Tuxtla, los municipios donde mayor numero de este tipo de casos se han registrado.
Marineda Patriani Valdivia, explicó que deln 2021 y 2023 se registraron dos mil 51 embarazos de niñas menores de 14 años y solamente se realizaron 14 interrupciones legales del embarazo.
Esto significa que solo un 1.3 por ciento de las niñas víctimas de violencia sexual pudieron acceder a la interrupción de su embarazo.
En el marco del Día Global por el Aborto Legal Seguro y Accesible, que se celebra el próximo 28 de septiembre, expuso que este problema es una realidad, que sumado a visibilizar se atiende en Equifonía, en dónde mencionó que además de los municipios antes citados, también están Coatzacoalcos y Acayucan con 19 casos; La Perla con 17; Las Chiapas con 15;
Además, Coscomatepec (dónde se dio el nacimiento de un bebé por una niña de 9 años en el 2023), Xalapa y Soteapan con 14; San Juan Evangelista y Papantla con 13; Sayula de Alemán con 12; Soledad Atzompa y Altotonga con 10; Hueyapan de Ocampo, Martínez de la Torre y Perote con 9; Córdoba con 8 y Catemaco con 7.
“Estos datos son oficiales de la Secretaria de Salud y es hasta los nacimientos que se pueden observar esta problemática. ¿Qué está pasando? Se habla sobre la educación de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, y el embarazo se da en las menores de 15 años y estos nacimientos se dan en casos de niñas”.
Estos embarazos son consecuencia de la violencia sexual.
El tema de la erradicación del embarazo infantil, tiene ver con la falta de coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sector Salud, porque de acuerdo a la norma 046, las adolescentes y las niñas tienen que acudir, pero tratándose de una menor al solicitar la Interrupción legal del Embarazo debe darle aviso a la fiscalía y a la Procuraduría del Menor para que se haga el diagnóstico de la problemática y se pueda elaborar un plan de restitución de derechos.
Precisó que en estos casos han presentado denuncias, que se sigue un proceso, pero en otros se les ha negado el servicio “y lo que hemos documentado es que se ha normalizado esta situación”, concluyó.
