-Ni familiares ni cuidadores podrán disponer del dinero de adultos mayores.
Xalapa, Ver; 17 de septiembre de 2026.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Veracruz, Estefanía Bastida Cuevas, presentó una iniciativa para tipificar y sancionar la explotación financiera de las personas adultas mayores con el objetivo de proteger sus pensiones, ahorros, bienes y recursos, frente a quienes aprovechándose de su confianza o vulnerabilidad dispongan de ellos sin su consentimiento.
Desde tribuna, la legisladora fue contundente al señalar que la confianza de una persona adulta mayor nunca debe convertirse en una puerta para despojarla de su patrimonio.
“Cumplir 60 años o más no significa perder el derecho a decidir sobre la propia vida y sobre los propios bienes”, afirmó.
Precisó que el proyecto establece sanciones para quien, mediante engaño, coacción o aprovechándose de la vulnerabilidad o deterioro de una persona mayor, disponga o retenga sus recursos sin su consentimiento libre e informado.
Además, contempla penas más severas cuando el abuso sea cometido por un familiar o cuidador, así como cuando la conducta ponga en riesgo la salud, alimentación o necesidades básicas de la persona afectada.
Subrayó que pedir apoyo para administrar recursos, entregar una tarjeta para realizar una compra o confiar dinero a una persona para cubrir una necesidad específica, no significa otorgarle el derecho de disponer libremente del patrimonio.
“Cuidar no es disponer de su dinero. Apoyar no es decidir por ellos. Tener su confianza jamás significará tener derecho sobre su patrimonio”, sostuvo Bastida Cuevas.
Indicó que la iniciativa busca proteger especialmente pensiones, ahorros, bienes y apoyos sociales, al considerar que el daño financiero puede traducirse directamente en afectaciones a la alimentación, medicamentos, vivienda y autonomía de las personas adultas mayores.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es que el delito pueda investigarse de oficio, tomando en cuenta que denunciar puede resultar especialmente difícil cuando el presunto agresor es un familiar, cuidador o persona cercana.
Con este planteamiento, terceros como familiares, vecinos o instituciones médicas podrían alertar a las autoridades ante posibles casos de explotación financiera, sin que toda la responsabilidad de activar la investigación recaiga exclusivamente en la víctima.
Planteó que para el Partido Verde proteger a las personas adultas mayores significa garantizar que puedan conservar su autonomía, tomar sus propias decisiones y disponer de aquello que legítimamente les pertenece.
