• En aquellos inmuebles que registren rezago administrativo o que no cuenten con escrituras, la SEV emitirá una constancia que acredite la operación regular del plantel.
• Propicia la inversión de recursos por parte de las instituciones del Estado, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades ante el Orfis.

Xalapa, Ver., 24 de julio de 2026.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, por el que se adiciona un Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, ambas del estado de Veracruz, con lo que se permitirá la inversión en infraestructura educativa en aquellos inmuebles que presenten algún rezago administrativo.

En el documento, resultado de la iniciativa presentada el pasado 21 de julio por la gobernadora Rocío Nahle García, la instancia dictaminadora señala que se busca propiciar la participación e inversión de recursos por parte de las instituciones del Estado, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades derivadas de la fiscalización superior en el caso de aplicación de recursos públicos en inmuebles que no están plenamente legalizados, “pero en los que sin lugar a dudas funciona un centro educativo público, con reconocimiento de validez y que preste sus servicios a las niñas, niños y adolescentes”.

El dictamen, que registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, adiciona el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para establecer que tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa que tengan como propósito la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) fiscalizará el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificará que se hayan aplicado en inmuebles cuya propiedad esté debidamente acreditada a favor del Ente Fiscalizable correspondiente.

En caso que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el Ente Fiscalizable, o bien que no pertenezca a la Federación, el Estado o los Municipios, el organismo autónomo verificará que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.

Igual redacción se precisa en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, mediante la adición de un tercer párrafo al Artículo 19.

De esta manera, se permite la participación e inversión de recursos públicos por parte de las instituciones del Estado para mejorar las condiciones de infraestructura de los centros educativos de la entidad, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades derivadas de la fiscalización superior en el caso de aplicación en inmuebles que no están plenamente legalizados.

Posicionamientos

En representación del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Reveriano Marín Hernández expresó que este dictamen encuentra equilibrio entre dos obligaciones del Estado; por un lado preserva la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas del recurso público, y por otro, garantiza de manera efectiva el derecho a la educación.

Asimismo, externó que los trámites burocráticos no deben imponerse sobre los derechos de las personas y que hoy se defiende que la educación esté siempre en el centro de las decisiones del orden público, “este Congreso envía un mensaje claro a las familias veracruzanas: la educación es nuestra prioridad”.

Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Citlali Medellín Careaga indicó que la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García reconoce la dificultad que los municipios conocen bien y ofrece una respuesta que concilia la inversión educativa con la rendición de cuentas. Agregó que desde su experiencia como munícipe sabe que una autoridad responsable no debe elegir entre atender una escuela y cumplir la ley. “Su deber es encontrar la manera de hacer ambas cosas”.

La legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que la reforma significa una gran noticia para la educación, toda vez que durante años ha sido un pretexto para muchas escuelas que no tienen escrituras de propiedad y por ello los gobiernos no podrían hacer una aula nueva, construir o levantar una barda. Por otra parte, pidió darle continuidad a los procesos de legalización de las escrituras e invertir, con el presupuesto de 780 millones de pesos (mdp), en más obras.

Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada manifestó que votar a favor del dictamen es hacerlo por la niñez veracruzana, por las comunidades que han sostenido a Veracruz con esfuerzo, por las maestras y los maestros que hacen “milagros” con lo que tienen y por aquellas madres y padres que se organizan para levantar aulas con sus propias manos y recursos. Añadió que la educación es un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de garantizarla con todas sus herramientas, “sin excusas, sin retrasos y sin barreras burocráticas”.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, anunció su respaldo al dictamen y precisó que corresponde al Gobierno cuidar a los maestros y a las madres y padres de familia enviar a sus hijos a las aulas. De igual forma, se pronunció por atender otros factores para combatir la deserción escolar.

El legislador Héctor Yunes Landa dijo que la educación no podía continuar con las barreras que impedían invertir en infraestructura; agregó que a la comunidad educativa no le interesa si se trata de leyes, gobiernos o decisiones políticas y que la modificación aprobada representa un acto de justicia para cientos de escuelas que operan desde hace más de 20 o 30 años sin la certeza jurídica de los lugares que ocupan.

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